Así lo anunció el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Edgar Lama, tras la primera reunión del recién creado Comité Nacional de Salud Pública, realizada en el hospital Eugenio Espejo, en esta capital.
“Estamos listos para dar los primeros pasos para cambiar totalmente el modelo de gestión de salud enfermo, dañado y perverso (…) les vamos a quitar el dinero a las mafias de la salud que durante años han luchado para capturar hospitales”, dijo Lama en declaraciones a la prensa.
El ministro de Salud, Jimmy Martin, explicó que el nuevo esquema busca eliminar los vacíos creados por la descentralización.
A pesar de las quejas de pacientes y profesionales del sector y de la reducción del presupuesto para centros médicos, el funcionario aseguró que declarar en emergencia al sistema de salud no es la salida porque, en su opinión, “no existe una crisis”.
Por su parte, la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, anunció que 60 millones de dólares ya asignados a hospitales, pero no utilizados, regresarán a la cartera central “para agilizar compras de medicamentos de manera centralizada, conforme al decreto presidencial”.
Moya apuntó que se destinó un total de 200 millones de dólares para compra de medicamentos e insumos, pero los contratos firmados no suman más de 130 millones y el monto ejecutado por los mandos medios es de 100 millones.
Asimismo, las autoridades anunciaron procesos de auditoría de las adquisiciones de medicinas y una recalificación de los proveedores.
La reunión gubernamental tuvo lugar a puertas cerradas, pese a que organizaciones de la sociedad civil y representantes de pacientes pidieron ser recibidos para exponer sus necesidades.
Paola Oña, integrante de la organización Clínica Ambiental, dijo a Radio Pichincha que concentrar las compras de fármacos o bienes estratégicos es preocupante, ya que pueden demorar o ser insuficientes para centros como el propio hospital Eugenio Espejo, de tercer nivel y con complejidades.
Esta semana la Asamblea Nacional exigió al presidente, Daniel Noboa, garantizar la atención médica en el sistema público tras numerosos problemas constatados y el Gobierno respondió con la creación del Comité y la centralización de las compras.
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