Afirmó que esta iniciativa avanza, sobre todo, tras declararse Emergencia Nacional por los fuegos forestales.
“Los incendios forestales son una preocupación latente. El 2024, más del 99.9 por ciento de los incendios forestales fueron provocados por la mano del hombre y eso tiene que castigarse (…)”, sostuvo la autoridad.
Expresó la esperanza de que “este viernes ya podamos tener la última versión del Protocolo contra Incendios y, con ello, ponerlo en vigencia para generar mayor precisión en la investigación de este delito”.
Describió que el objetivo del protocolo es unificar criterios técnicos y legales entre las instituciones encargadas de la detección, respuesta, recolección de pruebas y judicialización de los casos de incendios provocados, con énfasis en proteger áreas forestales, reservas naturales y parques nacionales.
“No es una nueva norma jurídica”, sino que es un documento que propone acciones de cuidado y prevención del medio ambiente, junto con autoridades del nivel central, departamental y municipal, para que -en el marco de sus competencias– coadyuven para evitar el daño ocasionado por el delito de incendios forestales, precisó.
Lideradas por la Procuraduría General del Estado (PGE), un grupo de instituciones trabajaron en este proyecto.
Figuran entre ellas, la Vicepresidencia del Estado, el Ministerio Público; el de Medio Ambiente y Agua, los Bomberos; la Policía Forestal y de Protección al Medioambiente, así como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra.
También laboraron en el proyecto el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Reforma Agraria; el de Investigaciones Forenses, y el de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial.
Como base de esta propuesta, sirvió un dictamen procuradurial que recomienda un manejo de instrumentos técnicos más claros en el tratamiento del Delito de Incendio Forestal en Bolivia.
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