Abrego García fue deportado en marzo por un error administrativo a una megacárcel de su país natal y luego de protestas y presiones lo retornaron a territorio estadounidense, pero lo imputaron con cargos federales asociados al tráfico de personas.

Sus abogados niegan esas imputaciones, así como las que hizo la administración Trump de que él es miembro de la pandilla salvadoreña MS-13. La eventual salida de prisión de Abrego García -un obrero de la construcción residente en Maryland- le permitiría esperar su juicio en libertad.

Sin embargo, la excarcelación podría sonar efímera, porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dejó abierta la ventana para detenerlo una vez que llegue a su estado adoptivo (Maryland), y podría tratar de expulsarlo de nuevo.

Representantes legales y de organizaciones proinmigrantes advirtieron que el caso tiene un sesgo político y de venganza.

Ábrego García, de 30 años, creció en El Salvador y huyó a los 16 porque una pandilla local extorsionó y aterrorizó a su familia, según consta en registros judiciales. Viajó a Maryland, donde su hermano reside como ciudadano estadounidense, pero no tenía autorización para quedarse.

En 2019 un juez le otorgó protección contra la deportación a El Salvador, determinando que tenía un «temor fundado» de persecución por parte de las pandillas de ese país, como consta en registros judiciales.

Desde entonces fue puesto bajo supervisión federal y recibió un permiso de trabajo federal y se reportaba con el ICE cada año, dijeron sus abogados.

Pero en febrero, el Gobierno de Trump designó a la MS-13 como organización terrorista extranjera y un mes después lo deportó a El Salvador, violando la orden del juez de inmigración emitida en 2019, lo que las autoridades estadounidenses definieron como “error administrativo”.

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