El ex jefe de la unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción, coronel Harvey Colchado, aprovecha para ello una polémica sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió las investigaciones a la presidenta, reforzó la inmunidad de los mandatarios y señaló que el citado allanamiento fue ilegal.

   El primer ministro pidió el miércoles último que, en vista de la decisión del TC, deben tomarse medidas prontas contra fiscales y policías involucrados, lo cual, para Colchado, estaría buscando, a modo de venganza, retirar de la Policía a los uniformados.

   Agregó que Arana pretende utilizar a la Inspectoría de la Policía Nacional para sancionar a los agentes que, encabezados por Colchado, aplicaron el procedimiento policial a fines de marzo de 2024, amparados por la orden de un juez.

   En vista de que los familiares de Boluarte demoraban en abrir la puerta, Colchado dio la orden de romperla con un ariete y recogieron pruebas de la posesión de relojes y joyas de muy alto costo en manos de la gobernante, quien argumentó que las alahjas se las había prestado un amigo.

   El oficial fue posteriormente retirado de la unidad anticorrupción que comandaba y, de ser cierto lo que denuncia, dejarían la Policía Nacional 19 agentes, entre oficiales y suboficiales.

   Uno de ellos grabó unos meses después una conversación con el recién nombrado ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien le dijo que había accedido al cargo con la misión de retirar a Colchado y el caso está estancado debido a la negativa del hoy exministro y consejero presidencial, de someterse a una prueba de comparación de su voz con la grabación, cuya autenticidad niega.

   “Lo que está haciendo el primer ministro es generar desinformación para pasar al retiro a los demás componentes del equipo especial que apoyó a la Fiscalía en las investigaciones a la presidenta”, afirmó.

   Preguntado sobre la posibilidad de que se tomen medidas contra fiscales y policías, el presidente del Congreso de la República, José Jerí, dijo que discrepa con la idea de Arana, pues la declaración del TC rige hacia adelante, sin retroactividad.

   En sus recientes declaraciones, Arana dijo también que todas las acciones de la Fiscalía y la Policía en las incvestigaciones a la mandataria, carecen de legalidad, argumento que, según fuentes judiciales, podría apuntar a declaraciones y evidencias.

   La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dijo que lo avanzado en las pesquisas se guardará para cuando, tras el fin del gobierno de Boluarte, pueda reiniciar la investigación, la cual continuará sin afectar a la mandataria.

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