La mesa legislativa mencionó que al menos 624 recién nacidos han fallecido en el país este año, de los cuales 48 corresponden a casos por sepsis bacteriana.
La Comisión lamentó que hubo este año 75 muertes infantiles en el Hospital Universitario de Guayaquil.
“Estas cifras reflejan una alarmante crisis en la atención neonatal y en la capacidad del sistema de salud para garantizar el derecho a la vida, la salud y la protección de los recién nacidos”, advirtió la entidad parlamentaria.
Ante esa situación, la Comisión envió oficios a diversos organismos internacionales solicitando el despliegue de misiones en Ecuador que garanticen la protección de la niñez y la adolescencia.
Entre las instituciones contactadas figuran Unicef, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre otras.
“Ningún niño nacido en pobreza debe morir por falta de atención médica. Exigimos acciones inmediatas y nos comprometemos a fiscalizar y dar seguimiento para que estos hechos no se repitan”, afirmó la Comisión en su pronunciamiento.
Pacientes y profesionales de la salud de Ecuador denuncian la falta de insumos y medicamentos en centros de atención médica.
Legisladores del movimiento Revolución Ciudadana, de oposición, visitaron hospitales y constataron la problemática del sistema de atención pública.
En respuesta, el Gobierno anunció la creación de un Comité Nacional de Salud Pública, que tuvo la víspera su primera reunión y ofreció invertir 60 millones de dólares para la compra de fármacos, pero de manera centralizada desde el Ministerio de Salud.
El Ejecutivo considera que la corrupción en los hospitales es la principal causa del desabastecimiento.
“Les vamos a quitar el dinero a las mafias de la salud que durante años han luchado para capturar hospitales”, dijo el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Edgar Lama.
No obstante, la creación de un comité para resolver la crisis recibió críticas de la oposición, que calificó la medida como burocrática.
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