“A junio de 2025, (…) 33 mil 275 privados de libertad en las cárceles de Bolivia son detenidos preventivos, quienes también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación”, aseguró Calisaya en sus redes sociales.

Tal pronunciamiento surgió tras una instrucción emitida la víspera por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, de verificar el cumplimiento de los plazos de medida cautelar personal y de detención preventiva de la exgobernante de facto Jeanine Áñez (2019-2020), así como de Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.

Los tres, fueron figuras fundamentales del golpe de Estado que derrocó en noviembre de 2019 al expresidente Evo Morales.

Saucedo instruyó a los tribunales departamentales de justicia un plazo de 24 horas para la revisión de los casos de Áñez, Camacho y Pumari.

“Garantizar el debido proceso -advirtió Callisaya en su cuenta de X-, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas”.

En igual sentido se pronunció el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, quien opinó que la revisión de los plazos legales de la detención preventiva debe alcanzar a todas las personas incluidas en esa situación.

Consultado sobre la dimensión política (tras el triunfo de la derecha en las elecciones generales del domingo último) de la instrucción que beneficia a estos tres casos, Saucedo defendió la independencia del Órgano Judicial.

“Yo no me meto en las atribuciones del Órgano Ejecutivo ni de la Asamblea Legislativa, ni del Tribunal Electoral. Entonces, tampoco se metan en las atribuciones que tiene el Órgano Judicial, porque hemos venido a hacernos respetar”, advirtió.

Consideró que ese tipo de revisiones procesales no se aplicaban en gestiones anteriores debido a la falta de directrices claras desde la presidencia del TSJ.

Señaló que esa ausencia de liderazgo generaba vacíos que impedían definir los roles de cada instancia dentro del sistema de justicia.

En este contexto, un tribunal de La Paz fijó para este lunes una audiencia en la que Camacho y Pumari podrían quedar en libertad por el caso denominado “Golpe de Estado I”.

Dentro de este expediente se investigan los hechos que desembocaron en 2019 en las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.

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