El alcalde e inminente candidato presidencial declaró el fin de semana último que Santiváñez lo apoyó cuando fue ministro del Interior y le pidió que lo haga ahora, porque “no hay voluntad política”,en tácita alusión a sus desavenencias con el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval.

Esas diferencias se refieren a los reclamos de López-Aliaga de que se ponga en servicio un tren de 40 años de uso, descartado en Estados Unidos por su impacto ambiental adverso y donado por ese país, aunque denuncias periodísticas acotan que en realidad la alcaldía lo compró, sin estar facultada para la adquisición.

Tras asumir el cargo, Santiváñez declaró que limpiará (expulsará) al Ministerio de Justicia de elementos “caviares (término que usa la derecha extrema para quienes tienen posiciones de centro-izquierda o defienden derechos de la población) o de izquierda”.

En una entrevista con el diario Expreso, de derecha extrema, el titular de Justicia dijo que, además de purgar a quienes considere funcionarios “caviares o de izquierda”, impulsará con agilidad una reforma del sistema de justicia que está pendiente de la elaboración de una ley del Parlamento, de mayoría afín al Gobierno.

Sectores de oposición afirman que el objetivo de esa reforma es controlar las pocas instituciones del Estado que no han logrado copar el Ejecutivo y el Legislativo con el reemplazo de autoridades como la presidenta del Poder Judicial, Inés Tello, y la Fiscal de la Nación, quienes mantienen posiciones críticas respecto al Gobierno.

Santiváñez mencionó entre sus tareas la defensa de la amnistía dictada por el Parlamento para militares y policías que cometieron crímenes de Estado, lo cual incluye a integrantes de grupos civiles que los secundaron y son procesados o estén condenados por ello.

La mayoría de las fuerzas políticas y más importantes medios de prensa cuestionan la designación de Santiváñez, sobre todo, porque meses atrás fue censurado (obligado a renunciar) por el Parlamento por su ineficacia en el combate a la desbordada criminalidad organizada, lo que causa irritación en el Congreso.

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