Durante una audiencia de este lunes, que inició en la mañana y concluyó pasadas las 19:00, hora local, se analizaron cinco demandas ciudadanas contra la disposición que, entre otros temas, trata regulaciones de la declaratoria de conflicto armado interno.

En sus intervenciones, los demandantes se enfocaron en señalar los problemas en el trámite de la Ley aprobada en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, con carácter económico urgente.

Uno de los argumentos contra la disposición es justamente que no trata exclusivamente temas de índole económica y que no cuenta con “unidad de materia”, es decir, aborda asuntos diversos, incluidas reformas penales y aspectos sobre movilidad humana.

Vivian Idrovo, de la Alianza por los Derechos Humanos, precisó que esa Ley reforma 22 artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y de otros cuerpos legales, que no están relacionados con asuntos económicos.

En igual sentido se pronunciaron Paúl Ocaña, del Colegio de Abogados de Pichincha, y Diana León, abogada de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

Por otro lado, la abogada Nicole Rojas afirmó que el concepto de conflicto armado interno, planteado en el texto legislativo, no cumple con los estándares del Derecho Internacional Humanitario para la configuración de una situación de este tipo.

En opinión de Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la normativa desnaturaliza la figura del conflicto armado no internacional, al permitir la militarización de la seguridad ciudadana.

Por su parte, Geovanni Atarihuana, del Partido Unidad Popular, cuestionó que la declaratoria para el conflicto armado interno sea un acto unilateral del mandatario, exento de controles y límites de temporalidad.

Funcionarios de la Asamblea Nacional y de la presidencia de la República aseguraron que la disposición cumple con el marco normativo del derecho internacional humanitario y crea uno jurídico claro para el conflicto armado, que no sustituye el estado de excepción ni afecta derechos.

Este análisis es uno de los que la Corte Constitucional tiene previsto sobre tres leyes promovidas por el Ejecutivo, suspendidas temporalmente y que elevaron la tensión entre el organismo judicial y el presidente Noboa.

La portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, señaló este lunes que confía en que el alto tribunal valore «de forma objetiva la defensa de constitucionalidad” del Ejecutivo.

“Confiamos en que la Corte tome la mejor decisión para los ecuatorianos”, dijo Jaramillo en su rueda de prensa semanal.

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