El abogado de la exgobernante (2019-2020) alegó que el caso no debe tramitarse por la vía ordinaria, sino mediante juicio de responsabilidades.
Durante la audiencia instalada este martes, el presidente del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba explicó que la competencia de ese órgano judicial es un “presupuesto procesal de carácter preferente”; por tanto, antes de considerar la situación jurídica de la acusada, se debe resolver si el Tribunal tiene o no la facultad para juzgarla.
Asimismo, fijó nueva audiencia para el viernes 29 de agosto a las 08:30 hora local, en la modalidad virtual, con el objetivo de resolver la excepción planteada por la defensa de Áñez.
Se instruyó notificar a la Gobernación del Centro Penitenciario Femenino paceño de Miraflores para que viabilice la conexión de la exmandataria desde el penal.
Adicionalmente, el Tribunal ordenó notificar a todos los sujetos procesales con el contenido de la excepción y los elementos probatorios presentados, conforme al artículo 314 del Código de Procedimiento Penal.
El expediente Sacaba investiga las muertes ocurridas el 15 de noviembre de 2019, cuando una movilización en el Trópico de Cochabamba fue reprimida por un contingente conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas en el puente Huayllani, donde diez personas murieron por impactos de bala y decenas resultaron heridas.
Las víctimas protestaban en rechazo a lo que consideraban una vulneración de los símbolos patrios, como la quema de la wiphala, y en respuesta a agresiones contra mujeres de pollera durante los días posteriores a la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
A 48 horas de asumir la presidencia del país ilegalmente el 12 de noviembre de 2019, Áñez firmó el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes protestaban por la interrupción del mandato de Morales.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
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