El letrado denunció que, pese al informe de un médico del INPE según el cual Chávez puede morir en los próximos días por no ingerir alimentos ni agua, el citado organismo prolonga indebidamente la solución del problema.

“Mientras se acerca el final, el INPE ordena que la nueva ‘evaluación’ de su traslado la haga la misma jefa de seguridad” del presidio de mujeres de Chorrillos, a la que Chávez acusa de ser parte de una organización criminal que la acosa y ha dado informes falsos sobre la situación de la reclusa.

“No hay duda de que el régimen busca eliminar a Betssy Chávez”, añadió el abogado en un mensaje de X.

La ex primera ministra ayuna en demanda de su traslado a otra cárcel porque, asegura, en el de Chorrillos es objeto de maltratos y acoso de la directora, la jefa de seguridad y otros funcionarios.

La acompañan en una demanda similar dos presas comunes, mientras el INPE acusó a Chávez en un comunicado y sostuvo que no hay pruebas de los maltratos que denuncian las huelguistas de hambre.

También afirmó que la reclusa se niega a someterse a la medición de sus signos vitales, por lo que ordenaron el monitoreo permanente a Chávez y sus dos acompañantes.

La ex funcionaria se mantiene desde hace más de dos años en prisión preventiva, mientras es juzgada junto al expresidente Pedro Castillo, por el delito de rebelión, el que niegan porque no se rebelaron coletivamente en armas, acción requerida para clasificar ese delito.

La acusación parte de la afirmación oficial y mediática de que Castillo incurrió en un golpe de Estado al decretar, el 7 de diciembre de 2022, la disolución del Parlamento opositor, lo cual no fue acatado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que, al contrario, lo encarcelaron y el Parlamento lo destituyó.

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