Porque no es posible que en pleno siglo XXI, de luces, de tecnología súper avanzada, estemos retrocediendo en el pasado bajo estas atrocidades psicológicas que se está viviendo, subrayó la autoridad en declaraciones a Emisoras Unidas.

En relación con los poco más de cuatro meses de encarcelamiento de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, añadió que no entienden realmente cuál es el proceso que quieren llevar o que están llevando.

Yax manifestó que han sido respetuosos, pero preguntó por qué no hay juez que quiera conocer la investigación, por qué en reserva, lo cual calificó de una venganza política.

Pidió que se dé un proceso real, en los tiempos indicados, que les digan por lo menos los motivos, mientras expresó su duda cuando se señala a los exlíderes por terrorismo y lo que hicieron fue manifestarse en favor de la democracia.

Advirtió que los indígenas están indignados y, como autoridades, les preguntan qué hacer, “porque lo que estamos viendo ya, como pueblo, es que se ha aprobado un sistema de venganza”.

Se está promoviendo silenciar a la población, nos están asustando, diciendo que si salimos a protestar un posible fraude electoral, por ejemplo, ya tenemos la “lección” de cómo podemos terminar, describió.

Frente a la capitalina Corte Suprema de Justicia, diversas organizaciones denunciaron el pasado lunes el retraso de las audiencias contra Pacheco (quien se desempeñaba como viceministro de Energía y Minas) y Chaclán.

Ambos representaron a los indígenas de Totonicapán, que emergieron durante octubre de 2023 con bloqueos en vías de la nación y mantuvieron por más de 100 días consecutivos una protesta frente al MP.

El llamado Levantamiento de los bastones, con la participación de otras organizaciones originarias mayas, se enfocó en defensa de los resultados comiciales y en exigir la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras.

Un juzgado de esta urbe los ligó a proceso penal al atribuirles los supuestos delitos de terrorismo y obstaculización de la acción penal, por los cuales –según analistas- les podrían asestar hasta 30 años de cárcel.

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