El jefe de ese ente, Rafael Curruchiche, detalló que actuaron al conocer anomalías durante una auditoría financiera y de cumplimiento de actividades en la cartera correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

El organismo de Estado rechazó, por su parte, la estrategia del Ministerio Público (MP) que, en lugar de perseguir a los denunciados, criminaliza a los denunciantes, como lo quieren intentar en esta ocasión.

Durante conferencia de prensa, reiteraron que la actual administración actuó de manera adecuada al interponer una denuncia luego de identificar irregularidades en el registro de actas del Departamento de Compras de una de las unidades ejecutoras de la institución.

En un comunicado, el Ministerio expuso que la Contraloría General de Cuentas confirmó las anomalías detectadas, con lo cual respaldó su actuación anticipada y proactiva.

Enfatizó que no encubre actos ilícitos y que promueve la transparencia, mientras afirmó que gestionó 26 denuncias en menos de un año ante las autoridades competentes.

Resaltó su compromiso con la rendición de cuentas y se deslindó de cualquier implicación en actos de corrupción detectados en administraciones pasadas.

Analistas locales advirtieron cómo el Gobierno de Guatemala entregó al MP desde inicios del 2024 hasta la actualidad 347 denuncias por tal flagelo y, sin embargo, encubren la mayor parte.

Recordaron que la fiscal general, Consuelo Porras, fue reelecta por el expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y se da una tendencia a desestimar casos que comprometan su mandato.

El fundador de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, señaló antes que el MP ignoró también casi todas las acusaciones presentadas por organizaciones sociales.

La gente pierde la esperanza y deja de creer en la justicia, reflexionó. Esto genera una resignación peligrosa, porque se asume que la corrupción tiene impunidad garantizada, lamentó.

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