La medida fue anunciada hoy mismo por el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, en una primera presentación ante la prensa, en la que no admitió preguntas.

Santiváñez dijo que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decidió el trasladó a Vizcarra a la prisión Ancón II que alberga presos comunes y al parecer lo hizo debido a que el preso no fue elegido presidente, sino que accedió al cargo por renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicemandatario.

Añadió que solicitó al INPE que evalúe la medida, “considerando que esta persona (Vizcarra) había tenido el honor de ejercer la Presidencia de la República”.

Anunció que el citado organismo, “dentro del ámbito de sus atribuciones y de manera absolutamente independiente”, dispuso el retorno del opositor Vizcarra a la cárcel de Barbadillo.

Sin embargo, persiste la percepción generalizada de considerar que fue una medida gubernamental contraproducente, porque victimizó al exmandatario y favoreció su alegato de que es inocente y objeto de persecución política.

Vizcarra es reo de un juicio que entró en su etapa culminante, por lo que un juez dictaminó que cumple cinco meses de prisión preventiva a la espera de que en ese tiempo o antes el tribunal que lo juzga dicte la sentencia que, para la Fiscalía, debe ser de 15 años de cárcel.

Según la acusación, el reo recibió el equivalente de más de 600 mil dólares de dos empresas a cambio de los contratos de construcción de un hospital y un proyecto hídrico en la sureña región de Moquegua, cuando Vizcarra era gobernador de ese territorio, lo que confirmaron los aportantes.

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