De acuerdo con el análisis de las entidades de los tres países, realizado de conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las mujeres y las niñas enfrentan mayores riesgos a lo largo de la ruta migratoria.

Una misión de monitoreo llevada a cabo entre el 21 de julio y el 1 de agosto de este año en puntos fronterizos y rutas críticas permitió establecer nuevas conclusiones en torno al fenómeno del desplazamiento.

Según la defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, las restricciones de tránsito en la Selva del Darién, sumado a las políticas migratorias estadounidenses, provocaron que en los primeros ochos meses se diera una reducción del 97 por ciento en el paso irregular hacia el norte, frente a las más de 260 mil personas que cruzaron en el mismo periodo de 2024.

Sin embargo, afirmó, se registró un aumento significativo de flujo inverso con más de 14 mil personas que retornaron desde México y Estados Unidos e ingresaron a Colombia.

El informe Migración inversa en la ruta Costa Rica-Panamá-Colombia: desafíos de protección y necesidad de una respuesta humanitaria regional se basó en 182 testimonios de personas que desistieron de ingresar a territorio estadounidense.

Las principales razones de retorno, según expusieron los entrevistados, fueron la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos (49 por ciento), los cambios en su política migratoria (46 por ciento), el temor a detenciones o deportaciones (17 por ciento) y el agotamiento de recursos económicos (34 por ciento).

Ante estos hallazgos, señaló el estudio que las decisiones de retorno no se producen de manera libre ni informada, sino como resultado de la disuasión, la coerción y la ausencia de garantías de protección en los países de tránsito y destino.

Asimismo, el 86,8 por ciento de los encuestados manifestó haber sido víctima directa o conocer de abusos durante el cruce por el Darién, y algunos de ellos relataron casos de secuestro, extorsión y robo en México y Guatemala, perpetrados por redes criminales.

Como parte de su investigación, la Comisión constató la operación de redes transnacionales de tráfico que controlan la migración inversa en Costa Rica, Panamá y Colombia.

Esas estructuras, detalló, cobran tarifas para facilitar el retorno, en muchos casos operadas por los mismos actores que antes controlaban el tránsito hacia el norte del continente.

El informe concluyó que la migración inversa constituye, fundamentalmente, un retorno forzado de personas cuyos derechos fueron vulnerados de manera sistemática.

Al tomar en cuenta el panorama, la Comisión recomendó adoptar un enfoque regional, interinstitucional e interseccional para la gestión del fenómeno migratorio, con mecanismos permanentes de coordinación entre Costa Rica, Panamá, Colombia y países de destino.

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