Mediante un comunicado, esa sociedad defensora del Estado de Derecho en el país expresó que este nuevo acto criminaliza el ejercicio de la libertad de asociación y manifestación de los pueblos originarios, algo contemplado en la Constitución.

Mostraron profunda preocupación porque la captura evidencia que no se detiene la instrumentalización penal para satisfacer los intereses mezquinos de las redes ilícitas de poder que operan en la nación.

Finalmente, exigieron a las autoridades del sistema de justicia el respeto absoluto por el derecho de defensa y el debido proceso de los dirigentes criminalizados.

Exhortaron al Organismo Ejecutivo y a la comunidad internacional a sumar esfuerzos para fortalecer la parte legal en este territorio centroamericano y evitar que esta clase de atropellos sigan ocurriendo.

En un mensaje anterior, autoridades ancestrales explicaron que se trata del mismo caso por el que el Ministerio Público (MP) llevó a prisión a los exrepresentantes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

Recordaron que sus comunidades y la organización de sus pueblos son un legado de sus antepasados y no entes criminales, como lo pretende señalar la fiscal general, Consuelo Porras.

“Nuestra solidaridad con don Estaban Toc Tzay y su familia; y, nuestro repudio por estas acciones de racismo, discriminación, criminalización por el ejercicio de los derechos de nuestros pueblos”, ampliaron.

Exigieron asimismo al presidente Bernardo Arévalo una actuación contundente contra la persecución penal que el “Pacto de corruptos y golpistas” mantienen en contra de autoridades indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas.

Reclamaron al Organismo Judicial nombrar jueces objetivos e imparciales para que conozcan estos casos de criminalización fabricados por el MP y sus fiscales a fines.

Solicitaron que el juez que conozca el caso, valore y observe la independencia judicial, objetividad e imparcialidad.

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