Los integrantes del equipo de fiscales Anticorrupción justificaron la acción, realizada en el marco de una operación mayor contra una presunta red de corrupción que tendría en la cúspide al polémico ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien recientemente fue nombrado titular de Justicia y Derechos Humanos.

Señalaron que de ninguna manera actuaron con fines políticos y el allanamiento, entre otros, fue autorizado por un juez que encontró justificada la operación, iniciada en marzo pasado, mes en el que Santiváñez fue censurado (destituido) por el Parlamento por ineficiencia en la lucha contra el desborde del crimen organizado.

El fiscal supremo adjunto Mirko Cano explicó que el fruto de las pesquisas, que incluye declaraciones de testigos protegidos, convenció al Poder Judicial de dar luz verde a la operación.

Cano, coordinador de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, remarcó que el allanamiento de la casa de Nicanor Boluarte no fue arbitrario sino proporcional y aprobada por un juez y se hizo necesaria para buscar evidencias que confirmen las declaraciones de los colaboradores.

Rechazó el argumento gubernamental de que el carácter de “tercero involucrado” y no investigado que la Fiscalía atribuye al hermano de la mandataria, no existe en el Código Penal, y dijo que sí figura en este como herramienta para asegurar evidencias.

La fiscal Melissa Angulo dijo por su parte que Nicanor Boluarte solo está vinculado al caso por contactos con miembros de la denunciada red.

El fiscal que encabezó el equipo de investigación, refirió que cuatro hechos bajo indagación, Carlos Ordaya, reveló que los testigos protegidos han sido amenazados y presionados para que dejen de colaborar con la Fiscalía y los policías enviados a resguardarlos recogían información de ellos para sus jefes e intentaban convencer a los testigos para que no declaren.

El eje de las operaciones recientes, explicó, es la presunta corrupción del ministro Santiváñez, en el favorecimiento a un estudio de abogados contratado para defender a policías investigado y en el cobro de 20 mil dolares para que generales de la Policía se mantengan en este.

También mencionó beneficios ilegales otorgados -eventualmente a cambio de dinero- a la mina El Dorado, de la región surandina de Ayacucho, lo que involucra a funcionarios regionales y efectivos policiales.

Agregó que las pesquisas también abordan el presunto encubrimiento mediante el ocultamiento de bienes e información digital de funcionarios investigados.

Ordaya remarcó que la investigación no responde a cálculos políticos y que “Nuestro trabajo es perseguir el delito, no personas”.

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