La pasada semana la instancia decidió, “por cuestiones técnicas”, desplazar para el lunes 1 de septiembre la decisión sobre el caso de supuesta malversación de unos 19 millones de dólares, mas el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) tuvo la iniciativa de posponerla para el martes 2.

No obstante, según Joël Kitenge, uno de los abogados de Constant Mutamba, la audiencia en la que se debía emitir la decisión del Tribunal de Casación en el caso de su cliente sigue programada para este lunes, pues nunca se les notificó oficialmente el aplazamiento.

“Se nos notificó un aplazamiento para este lunes, nada más”, citó el portal Infos27, que ratificó que Mutamba y su equipo legal estarán presentes hoy en el Tribunal de Casación para supervisar el desarrollo del proceso.

De acuerdo con el CSM, la demora en la entrega del veredicto en este juicio cumple con los requisitos procesales, y permite a los jueces decidir con calma y rigor teniendo en cuenta todos los elementos en un caso con amplio número de testigos y de abogados defensores.

Sin embargo, los medios locales se refieren a esta acción como una maniobra para disuadir a los simpatizantes del exministro, que se manifestaron la pasada semana en espera de la decisión, motivando la movilización de un fuerte dispositivo policial.

Mutamba estuvo en el centro de contradicciones con la magistratura desde que asumió el cargo en mayo del 2024 y, para el periódico Le Quotidien, su lucha representó un rayo de esperanza para las poblaciones afectadas por las malas prácticas del sistema judicial congoleño.

Por este motivo, tanto la defensa del extitular de Justicia, como sus partidarios, refieren que el proceso en su contra es una maniobra que pretende su separación de la vida política y desacreditarlo como figura.

La fiscalía solicitó una condena de 10 años de trabajos forzados para Mutamba, además de la pena principal, pidieron al tribunal 10 años de inhabilitación para votar o presentarse como candidato, privación del derecho a libertad condicional o rehabilitación, y la prohibición de acceder a cargos públicos de cualquier nivel.

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