La vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, señaló este lunes en su habitual rueda de prensa semanal, que desde la administración hay “apertura y transparencia” para las pesquisas sobre los abusos cometidos por parte de la fuerza pública.

Un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos divulgado en la prensa ecuatoriana recientemente se refirió al incremento de ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias desde enero de 2024.

En esa fecha, el presidente, Daniel Noboa, declaró la existencia de un conflicto armado interno y desde entonces ha emitido más de una docena de decretos de estado de excepción con el objetivo de combatir grupos de la delincuencia organizada.

Desde ese momento hasta el mes de julio, se registraron 33 desapariciones forzadas atribuibles directamente a las Fuerzas Armadas, según datos de colectivos de la sociedad civil.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos registró 19 ejecuciones extrajudiciales desde la llegada de Noboa al poder, más del doble de las registradas entre 2020 y 2023, y 393 denuncias por extralimitación en actos de servicio, 27 de las cuales terminaron en muertes.

El pasado mes de julio, familiares de 33 víctimas de desaparición forzada comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pidieron que se exija al Estado adoptar una política integral para evitar ese tipo de hechos.

A pesar de la militarización sostenida, la violencia no ha retrocedido y Ecuador vive el periodo más sangriento de su historia con más de cuatro mil 500 homicidios intencionales ocurridos en el primer semestre de 2025.

Para la coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Vivian Idrovo, en ese contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó dos leyes “que perpetúan la presencia militar y fomentan la impunidad”.

Una de esas normativas, bajo análisis de la Corte Constitucional, es la Ley de Solidaridad Nacional, que permite a los militares investigados por delitos graves evitar la prisión preventiva si sus acciones ocurrieron en el marco del conflicto armado interno.

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