El Supremo Tribunal Federal (STF) lo juzga junto a siete aliados por el fallido intento de golpe de Estado. Este martes marca un antes y un después en la historia institucional del gigante sudamericano.

Por primera vez, un exmandatario electo por voto popular será juzgado penalmente por el máximo tribunal del país por confabulación violenta y ambicionar mantenerse en el poder.

Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022, comparece ante el STF acusado de tentativa de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, asociación criminal armada y daño calificado.

El juicio, que se desarrollará en sesiones extraordinarias y ordinarias hasta el 12 de septiembre, responde a la denuncia presentada por la Fiscalía General en febrero, tras la llamada Operación Contragolpe.

Tal investigación reveló una supuesta trama organizada por Bolsonaro y parte de su círculo cercano, incluidos militares, exministros y asesores, para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, elegido presidente en 2022. Los hechos clave ocurrieron entre noviembre de 2022 y enero de 2023.

Según la Fiscalía General, el grupo elaboró borradores de decretos inconstitucionales, presionó a las Fuerzas Armadas para que intervinieran y planeó acciones violentas que culminaron en el asalto a las sedes de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Aunque Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos ese día, las pruebas reunidas, incluyendo mensajes, grabaciones y testimonios de delatores como su exayudante de órdenes, el teniente coronel Mauro Cid, lo vinculan directamente con la conspiración.

Nunca antes en Brasil un exjefe de Estado había sido acusado penalmente por atentar contra la democracia. Aunque el país vivió dictaduras militares y rupturas institucionales en el siglo XX, ningún responsable de esos períodos fue juzgado en vida.

En cambio, Bolsonaro enfrentará la justicia bajo la nueva legislación penal aprobada en 2021, que tipifica el intento de golpe como crimen explícito contra el Estado de Derecho.

La Corte Suprema reforzó su seguridad ante posibles protestas, mientras el excapitán del Ejercito permanece en arresto domiciliario desde agosto, por violar medidas cautelares impuestas durante el proceso.

De ser condenado, podría enfrentar más de 30 años de prisión y perder sus derechos políticos de forma definitiva.

A diferencia de escándalos de corrupción que marcaron otras presidencias, como el de Fernando Collor, el caso Bolsonaro es el primero en que un expresidente responde ante la Justicia por intentar derrocar el régimen constitucional.

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