En una jornada clave ante la primera sala del Supremo Tribunal Federal, el abogado Celso Vilardi rechazó las acusaciones que señalan a Bolsonaro como líder y articulador de una supuesta organización criminal.

Según Vilardi, el exmandatario fue arrastrado a estos hechos sin haber participado activamente. «Él no violó el Estado de Derecho democrático. No hay una sola prueba que lo demuestre», aseguró.

Las declaraciones forman parte de los alegatos presentados por la defensa en el juicio sobre el llamado núcleo crucial o principal de la trama golpista que, junto a Bolsonaro, integran otros siete aliados cercamos.

Sin embrago, las investigaciones apuntan en sentido contrario. La Policía Federal (PF) sostiene que Bolsonaro tuvo “pleno conocimiento y participación” en los actos preparatorios del golpe y la Fiscalía General lo acusa de liderar un plan con fines autoritarios.

También Vilardi arremetió contra la validez del acuerdo de colaboración firmado por el exayudante de órdenes de Bolsonaro, teniendo coronel Mauro Cid.

A su juicio, las inconsistencias en los testimonios del militar podrían invalidar el pacto de delación. «Cid presentó una versión y luego la cambió», subrayó.

Otro de los puntos centrales de la defensa fue la supuesta falta de acceso adecuado a las pruebas.

El jurista argumentó que los más de 70 terabytes de datos presentados por la PF no pudieron ser analizados con el mismo tiempo ni recursos que tuvieron los fiscales. «Desconozco la totalidad de este caso. Hay miles de millones de documentos», señaló.

Insistió en que «no tuvimos el tiempo que tuvo la Policía Federal. Son miles de millones de documentos».

La estrategia del equipo legal de Bolsonaro busca desestimar las evidencias que lo colocan como figura central en una red que habría intentado subvertir el orden democrático en Brasil.

El caso, que mantiene en vilo a la opinión pública y al sistema judicial, podría tener consecuencias de gran alcance.

Dependiendo del fallo, previsto para conocerse el 12 de septiembre, Bolsonaro podría enfrentar sanciones penales que llegarían a 43 años de cárcel y quedar inhabilitado políticamente, agravando su ya delicada situación legal.

ro/ocs