En un comunicado, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro hizo un llamamiento urgente al Congreso Nacional a avalar esta normativa -presentada hace más de dos años- como la única vía para resguardar la estabilidad económica y la reputación internacional de esta nación centroamericana.
“De no tomar acciones urgentes y concretas en materia fiscal, Honduras corre el riesgo inminente de ser declarado un paraíso fiscal”, indicó la Sefin.
Según la cartera ministerial, Honduras es uno de los cinco países en el mundo donde todavía existen figuras como acciones al portador y secreto bancario, mecanismos que propician altos niveles de evasión fiscal, enfatizó.
El incumplimiento de los estándares internacionales de transparencia tributaria podría generar serias repercusiones, entre ellas el aislamiento financiero y daño reputacional, al ser incluidos en las llamadas listas negras o grises, avisó el ejecutivo de Castro.
Otra de las consecuencias por resistirse a certificar la legislación sería la elevación del costo financiero para el Estado y las empresas, ante el aumento del denominado riesgo país, con altas tasas de interés para los préstamos que adquiere la nación y la ciudadanía, subrayó el comunicado.
Entre los problemas también mencionó la dificultad de acceso a crédito y asistencia financiera, con la posible obstrucción a recursos provenientes de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
La ausencia de una Ley de Justicia Tributaria (LJT) provocaría, además, la disminución de los flujos de inversión extranjera, debido a la desconfianza de los empresarios foráneos por la falta de transparencia y estabilidad jurídica, de acuerdo con la Sefin.
Para prevenir estas secuelas, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, fundado en 2000 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hizo una serie de recomendaciones ya incluidas en el proyecto de la LJT, recordó.
El ministro hondureño de Finanzas, Christian Duarte, denunció este martes que la falta de transparencia le cuesta al Estado 10 mil millones de lempiras al año (casi 383 millones de dólares).
“Hemos hecho más de 150 jornadas de socialización de la LJT, pero lastimosamente hay muchos diputados que responden a intereses empresariales”, dijo Duarte en declaraciones a la prensa.
La directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR) de Honduras, Mariana Ríos, señaló que en esta nación el 67 por ciento de los ingresos estatales provienen de impuestos indirectos, mientras que las grandes empresas tributan apenas entre un tres o cinco por ciento.
“Esta ley plantea un cambio de un sistema regresivo a uno progresivo y no es cierto que afecte las remesas ni que exponga la información de los ciudadanos, esos son mitos promovidos por grupos de poder privados que no quieren ser fiscalizados”, manifestó Ríos.
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