La Fiscalía solicitó esa medida para cuatro personas que acusa de estar detrás del crimen, sin embargo, la jueza María Ayala dispuso la detención solamente del exasambleísta Ronny Aleaga y de Daniel Salcedo, quien ya cumple prisión por otro proceso.
Además, la Fiscalía imputó a José Serrano, exministro del Interior, y a Xavier Jordán, ambos en Estados Unidos, por lo que la magistrada determinó que se presenten cada semana ante el consulado ecuatoriano en Miami.
En el caso de Serrano, que fue detenido semanas atrás y está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la jueza aclaró que la medida regirá si es puesto en libertad.
Durante la audiencia de este miércoles la fiscal Ana Hidalgo expuso su teoría de que los presuntos involucrados conformaron una estructura para acabar con la vida de Villavicencio “por las denuncias de corrupción» que realizó y que los involucraba.
De acuerdo con Hidalgo, Jordán habría dado la orden y entregado el financiamiento para el crimen, por el cual se pagaron 200 mil dólares, mientras que el resto fue parte de la coordinación y planificación.
La funcionaria del ministerio público declaró que uno de los sicarios que participó en el crimen contra el político y que posteriormente fue asesinado en prisión, afirmó que “el trabajo fue para el señor de arriba”, en referencia al expresidente Rafael Correa.
En su cuenta de X, el exmandatario aseveró que “independientemente de afectos o desafectos, hacer toda esta payasada en función de las declaraciones de un delincuente confeso como Daniel Salcedo, es algo inaudito”.
Villavicencio, de 59 años, era candidato presidencial por el movimiento Construye en las elecciones extraordinarias de 2023.
El 9 de agosto de ese año fue asesinado a tiros tras salir de un mitin de campaña en el norte de Quito.
La investigación por el asesinato ya derivó en una condena contra cinco procesados, sin embargo, hasta ahora no se había señalado a los posibles autores intelectuales.
El crimen conmocionó al país a pocos días de las elecciones extraordinarias de 2023 y, en abril de este año, la viuda del político, Verónica Sarauz, denunció que la entonces fiscal Salazar, la presionó para acusar al correísmo del asesinato.
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