El ciudadano Carlos Hernán Heredia fue quien solicitó el pedido de impugnación contra la normativa, impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa y cuestionada por grupos sociales y políticos de oposición.

Heredia argumentó que la disposición incurre en “vicios de inconstitucionalidad insubsanables en su proceso de formación” y viola el principio de unidad de materia, especialmente por la inclusión de disposiciones tributarias y mineras en el mismo texto.

Entre las disposiciones más controvertidas de la Ley de Transparencia Social están las nuevas atribuciones para la Unidad de Análisis Financiero, el perdón de intereses de deudas de empresas públicas en liquidación y la creación de un impuesto a las utilidades de empresas no distribuidas.

El Gobierno sostiene que la normativa busca regular a las organizaciones no gubernamentales, en algunos casos usadas para lavado de dinero.

El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) defendió el proyecto en el Legislativo bajo el argumento de que permitirá atacar a las economías de grupos delincuenciales que supuestamente utilizan los grupos civiles para el lavado de activos.

Sin embargo, desde la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición, los legisladores denunciaron que el verdadero objetivo del Ejecutivo es perseguir y controlar a las organizaciones de la sociedad civil.

Aunque la primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, de ADN, negó que el objetivo sea perseguir a las organizaciones sociales, la RC señaló en un comunicado que la normativa “bajo un nombre rimbombante esconde la institucionalización de la impunidad”.

Según alertaron, el objetivo es “blindar políticamente a altos funcionarios y a sus familiares, impedir auditorías, eliminar trazabilidad en investigaciones tributarias y, en consecuencia, garantizar que los más poderosos de este país nunca sean investigados ni sancionados”.

Esta fue la cuarta iniciativa de carácter económico urgente del presidente Daniel Noboa y la demanda de inconstitucionalidad se suma a otras que ya enfrentan las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública.

Por ahora, se espera que la Corte Constitucional decida si admite a trámite la nueva impugnación.

mar/avr