El pasado jueves, la Corte Constitucional descartó varios de los cuestionamientos que propuso el presidente Daniel Noboa, entre ellos la idea de someter a juicio político a los jueces constitucionales y la posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Durante su rueda de prensa semanal desde el Palacio de Carondelet, Jaramillo anunció que, además de enviar nuevas interrogantes, harán una “reformulación a los planteamientos” de algunas de las cuestiones rechazadas por la Corte.
La portavoz no anticipó cuáles serán los temas de las nuevas preguntas que el Gobierno remitirá al organismo de control constitucional.
La funcionaria cuestionó a la Corte por no dar paso a cuatro de las preguntas planteadas inicialmente por el presidente Daniel Noboa.
“La sensación es que lamentablemente tenemos una Corte desconectada de las necesidades de la gente”, expresó la vocera y añadió que esa entidad “decide ignorar o no inmiscuirse en asuntos de alta relevancia” para el país.
La semana pasada, el tribunal aceptó que dos de las enmiendas planteadas sigan adelante: la contratación laboral por horas en el sector turístico y la reducción del número de legisladores.
En cambio, rechazó la pregunta con la cual el mandatario buscaba eliminar el Cpccs, lo que según la Corte alteraría la estructura del Estado, y frenó la intención del jefe de Estado de permitir el juicio político a jueces constitucionales, medida que, a criterio del organismo, afectaría la independencia judicial.
La Corte también rechazó la sugerencia del gobernante de someter a consulta popular la reapertura de casinos en hoteles de cinco estrellas y otra iniciativa de reforma parcial a la Constitución que buscaba permitir la castración química para condenados por delitos sexuales.
En resumen, el plan del Ejecutivo de realizar un referendo este mismo año queda reducido, por ahora, a cuatro preguntas.
A la del trabajo por horas en el turismo y la de la reducción de los asambleístas se sumarían las interrogantes sobre el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano y la eliminación del financiamiento estatal para organizaciones políticas.
Esas dos últimas ya pasaron el trámite correspondiente en la Asamblea Nacional y requieren ratificación ciudadana mediante referendo.
Más allá de los temas, un proceso consultivo genera cuestionamientos sobre su verdadera necesidad debido al gasto que conlleva de alrededor de 60 millones de dólares.
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