En rueda de prensa este lunes, dirigentes de ambas organizaciones manifestaron que el Estado ha ignorado las solicitudes, planes y demandas en contra de la actividad extractiva en esa reserva natural ubicada entre las orientales provincias de Orellana y Pastaza.

Juan Bay, presidente de la NAWE, alertó que hace 15 días mineros y madereros ilegales quemaron una casa del pueblo waorani que servía para monitorear a quienes ingresaban a la zona.

Rechazamos que se pretenda responsabilizar a la comunidad de la destrucción de nuestro propio territorio, exigimos que el problema del crimen organizado sea tratado con responsabilidad, expresó Bay.

Recordó que en la consulta popular de 2023 la mayoría de los ecuatorianos votaron por dejar bajo tierra el petróleo en el área del Yasuní y acusó al Ejecutivo de incumplir con la voluntad popular respecto a ese tema.

“No somos petroleros ni mineros, vivimos de nuestro territorio”, afirmó.

Por su parte, Marlon Vargas, presidente de la Conaie, hizo un llamado urgente a la administración de Daniel Noboa a tomar acciones frente a la minería ilegal.

Resaltó que el Gobierno debe atender las denuncias y respetar los territorios ancestrales, caso contrario convocarán a un paro nacional.

“Desconfiamos de las autoridades porque nada hacen con las decisiones de los pueblos y nacionalidades. En esta crisis, donde no se respetan dichas decisiones, ¿para qué vamos a apoyar la consulta? Tenemos que rechazarla”, señaló Vargas en referencia al proceso consultivo que Noboa pretende realizar este mismo año.

El pasado 20 de agosto, a dos años de la cita en las urnas donde la ciudadanía se pronunció contra la extracción petrolera en el Yasuní, la NAWE realizó un plantón en la Corte Constitucional para pedir a ese organismo que exija al Ejecutivo el cumplimiento de la decisión.

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