El magistrado, relator del caso, subrayó que la cuestión ya no es si hubo conspiración, pues esa «materialidad criminal» fue reconocida previamente por el STF en condenas relacionadas con los actos antidemocráticos del 8 de enero del 2023.

También recordó los más de 500 acuerdos de no procesamiento formalizados.

Lo que se discute ahora es la autoría de los hechos y la responsabilidad individual de los acusados.

En el llamado núcleo uno o principal figuran ocho personas señaladas como cruciales en la trama golpista, entre ellas el expresidente Jair Bolsonaro, quien una vez más estuvo ausente de la sesión.

De Moraes diferenció durante su voto los delitos de abolición del Estado Democrático de Derecho y de intento de golpe de Estado.

Explicó que, en el segundo, el objetivo directo es el Poder Ejecutivo electo y no solo la desestabilización institucional.

Según el juez, «son cosas completamente distintas» y esta precisión resulta clave para entender la gravedad de las acusaciones.

Agregó que el STF ya había dejado claro que existió una organización criminal estructurada con fines de quebrar el orden constitucional.

Presentó comparaciones entre pruebas, acusaciones y defensas, buscando demostrar cómo los acusados actuaron en conjunto.

Señaló el uso indebido de organismos públicos para vigilar a opositores y socavar el sistema electoral brasileño.

Entre los ejemplos citados se encuentran transmisiones en vivo con desinformación, entrevistas de alcance masivo y discursos contra el Tribunal Superior Electoral.

También se destacó la reunión con embajadores en julio de 2022, usada como plataforma de ataques.

Mencionó igualmente la protesta del 7 de septiembre de 2022 y el papel de la Policía Federal de Carreteras, acusada de realizar operaciones irregulares el día de las justas comiciales para entorpecer el transporte de votantes en regiones estratégicas.

Para el ministro, estos elementos muestran un plan organizado y persistente que buscaba desacreditar las instituciones democráticas.

Remarcó que el intento de golpe no fue un hecho aislado, sino parte de una secuencia planificada.

Fue categórico al afirmar que «lo que está en debate es la autoría, porque no cabe duda de que hubo un intento de golpe de Estado y una organización criminal que causó daños al patrimonio público».

La corte superior programó sesiones hasta el viernes para que los demás ministros presenten sus votos. Se espera que el desenlace defina la responsabilidad penal de Bolsonaro y de sus siete aliados en el núcleo central del complot violento.

mem/ocs