En conferencia de prensa celebrada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, la funcionaria aseguró que en 2024 la nación alcanzó un récord histórico con 884 toneladas de cocaína incautada, lo cual representó un 34 por ciento más si se le compara con las cifras de 2022.

Asimismo, señaló que el decomiso de hoja de coca en el transcurso de este año fue de 493 toneladas, casi un 40 por encima del registro de 2022.

Aseguró igualmente que también hay incrementos en lo que se refiere a la interdicción, la persecución a las mafias y a la extradición de personas vinculadas a ese delito.

No obstante, resaltó, el país está interesado en una solución integral, por eso planifica estrategias a mediano y largo plazo en la que demandan el acompañamiento de la comunidad internacional.

Comentó Villavicencio que en el presente se realizan gestiones para estimular las alternativas de la sustitución de cultivos de uso ilícito, así como para que el crecimiento agrícola sostenible pueda encontrar mercado.

La canciller también aseveró que se trabaja en los escenarios multilaterales tales como la Comisión de Estupefacientes en Viena, el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, entre otros, para hacer ver que el combate a las drogas constituye un problema global.

Las declaraciones de la ministra ocurren a pocos días de que Estados Unidos difunda una valoración sobre el avance de la lucha antinarcóticos por parte de Colombia.

Desde inicios de año se teme que la nación norteña descertifique al Estado neogranadino, lo que se traduciría en el retiro de un aval por un supuesto incumplimiento de los estándares contra el narcotráfico.

Dicha acción podría implicar la suspensión de ayuda económica y militar, restricciones comerciales, y la posibilidad de que se afecte la percepción del riesgo país ante inversionistas y organismos internacionales.

Con respecto al próximo pronunciamiento de Estados Unidos sobre el tema, la ministra afirmó que lo justo sería el otorgamiento de la certificación.

“Si se mira desde lo objetivo, desde el compromiso, el costo social que ha tenido en vidas y en muertes de militares, pues lo justo sería mantener la certificación y esperamos que eso se mire con objetividad. Otra decisión perjudicaría al país”, expresó.

Sentenció que ese sería el escenario ideal si la pretensión es seguir ayudando y colaborando para que ese flagelo de las drogas termine y se mantengan las políticas que Colombia pone actualmente en marcha.

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