De acuerdo con esa entidad, el narcotráfico perdió terreno durante la actual administración con dos mil 512 toneladas de la referida droga recuperadas por las fuerzas del orden desde el 7 de agosto de 2022 lo cual se traduce, según manifestó, en familias protegidas, ecosistemas que se salvan y comunidades que recuperan su tranquilidad
“Nuestra Fuerza Pública no se detiene: golpea las finanzas criminales, destruye laboratorios y bloquea la cadena del narcotráfico con decisión y cooperación internacional”, remarcó en su comunicación la institución.
Durante la víspera el presidente colombiano, Gustavo Petro, comunicó que fueron incautadas cuatro toneladas de cocaína.
Según puntualizó, una de ellas fue decomisada en el Pacífico por la Armada, en tanto las otras tres se interceptaron en aguas internacionales, cerca de Islas Canarias, por la policía de Colombia, en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, la guardia nacional de España y autoridades de Portugal.
“La cocaína iba en remolque, barco grande y en contenedor, debió pasar cerca del buque militar estadounidense, porque al parecer salió de Puerto López, en La Guajira (en el norte del territorio colombiano), no fue detectado sino por Inteligencia estadounidense y colombiana”, reveló el mandatario.
También ayer la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, detalló en conferencia de prensa que su país ejecuta una política holística, integral y multisectorial contra las drogas cuya eficacia, según calificó, resulta evidente en la actualidad.
La funcionaria aseguró que en 2024 la nación alcanzó un récord histórico con 884 toneladas de cocaína incautada, lo cual representó un 34 por ciento más si se le compara con las cifras de 2022.
Las declaraciones de la ministra ocurren a pocos días de que Estados Unidos difunda una valoración sobre el avance de la lucha antinarcóticos por parte de Colombia.
Desde inicios de año se teme que la nación norteña descertifique al Estado neogranadino, lo que se traduciría en el retiro de un aval por un supuesto incumplimiento de los estándares contra el narcotráfico.
Dicha acción podría implicar la suspensión de ayuda económica y militar, restricciones comerciales, y la posibilidad de que se afecte la percepción del riesgo país ante inversionistas y organismos internacionales.
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