Actualmente la calificación de riesgo soberano del istmo se encuentra a un escalón de perder el grado de inversión por parte de dos calificadoras: Moody’s, que la tiene en Baa3 con perspectiva negativa, y Standard & Poor’s S&P en BBB-, mientras que desde marzo de 2024 fue degradada la calificación por parte de la agencia Fitch Ratings a BB+.
Ante este panorama el titular del MEF, Felipe Chapman, indicó que han realizado una serie de acciones para ordenar las finanzas y cumplir con las metas fiscales de reducir el déficit.
“Panamá ordena sus finanzas cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal aprobada en octubre de 2024. Esta reforma fija una senda explícita y decreciente del déficit de un 4.0% del Producto Interno Bruto en 2025 hacia 1.5% desde 2030, garantizando una trayectoria clara de sostenibilidad”, aseguró .
Según indicó el MEF en un comunicado, a través de esa estrategia de reduccción del déficit “se trabaja para que el país pague menos intereses, proteja el gasto social y mantenga su credibilidad”.
En tal sentido indicaron que en noviembre de 2024 Moody’s mantuvo la calificación de Panamá, pero con perspectiva en “negativa”, por lo que desde esa fecha hasta hoy se implementaron una serie de medidas.
Entre esas acciones señalaron el cumplimiento de la ruta que fija la ley de gastar con disciplina y priorizar lo esencial. Y la reforma de pensiones, desde marzo pasado, para darle sostenibilidad al sistema y más transparencia.
Otras medidas son mejor control del gasto, en particular recortes a lo administrativo, foco en programas que sí cambian vidas, y desarrollo humano- protegiendo a los más vulnerables: programas de salud, agua, educación y seguridad, entre otros.
El MEF reiteró que “Panamá hace su tarea con una ley fiscal clara y estabilización del aumento de la deuda pública, reforma de pensiones aprobada y ejecución responsable, para proteger el grado de inversión”.
Además, destacó el mensaje que “ordenar la casa no es un eslogan; es cumplir la ley, gastar mejor y pensar en el futuro de nuestros hijos”.
Sin embargo, el vicepresidente de la calificadora Moody’s Ratings, Renzo Merino, señaló que aunque el actual Gobierno panameño “está tratando de cumplir con las metas de déficit fiscal y controlar el gasto” , no es suficiente y persisten rígidas normas presupuestarias que limitan la maniobra, como las leyes que obligan a aumentos salariales o asignaciones del siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a educación.
El analista comentó además que la deuda pública- a saber más de 53 mil millones de dólares- ha aumentado cerca de 20 puntos del PIB desde 2019 y que el pago de intereses “consumirá entre 18 y 19 por ciento de los ingresos del Gobierno este año, una de las cargas más altas del mundo después de India.
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