Estaba previsto que la instancia diera este viernes la sentencia sobre el caso, pero el primer presidente de la corte, Joseph Mutombo, dijo a la Agencia Congoleña de Prensa que decidieron atender la petición de las partes civiles, incluido el Gobierno central y de las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur.

La solicitud se presentó la víspera y permite reabrir un proceso de muchas implicaciones políticas, donde se espera que sean examinadas nuevas pruebas.

El pasado 22 de agosto, el fiscal solicitó la pena de muerte contra Joseph Kabila por traición, crímenes de guerra, organización de un movimiento insurreccional y conspiración, además de solicitar la incautación de todos sus bienes.

El exjefe de Estado es acusado de ser el instigador intelectual de las acciones cometidas por los rebeldes de la Alianza del Río Congo-Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23) en el este del país, entre las que se cuentan asesinatos, violaciones, deportaciones, reclutamiento forzoso y destrucción.

Además de la pena de muerte, la fiscalía solicitó 20 años de prisión por apología de crímenes de guerra; 15 años por conspiración; arresto inmediato del acusado y condenación al pago de las costas y la prisión.

En tanto, las partes civiles reclamaron el pago de 24 mil millones de dólares estadounidenses en concepto de daños y perjuicios al Estado congoleño.

El juicio ha transcurrido en ausencia del acusado y, de acuerdo con los seguidores de Kabila, se trata de una maniobra de persecución política que apunta a desacreditar a esta figura influyente de la escena política de RDC.

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