La iniciativa extractivista a cargo de la empresa canadiense Dundee Precious Metals contaminaría fuentes de agua en el páramo Quimsacocha y dejaría sin abastecimiento a la ciudad de Cuenca, según advirtieron organizaciones sociales, indígenas, campesinos y expertos.
Ante la presión popular, incluido el anuncio de una marcha el próximo martes 16 de septiembre en rechazo a la minería, el mandatario dijo este viernes en entrevista con la emisora local La Suprema Estación, que no seguirá adelante, a pesar de que ya fue entregada una licencia ambiental.
“Yo no voy a seguir con este proyecto (…) Municipio y Prefectura, háganse cargo, pero si el día de mañana tienen que ir a la corte de Londres, a pelearse con Dundee, tienen que ir y sustentar sus informes”, dijo el mandatario para alejarse de la responsabilidad de futuras demandas.
Anoche, el Ejecutivo difundió un comunicado en el que pedía al municipio de Cuenca y a la prefectura del Azuay que emitan informes sobre el proyecto minero donde indique los riesgos.
El presidente insistió en que hay una “altísima” probabilidad de que el proyecto Loma Larga no se concrete, pero alertó que existe la posibilidad de problemas legales en el futuro.
Quimsacocha es un área natural protegida de tres mil 217 hectáreas que alberga importantes fuentes de agua y la explotación minera propuesta incluye la extracción de oro, plata y cobre, con una inversión estimada de 419 millones de dólares.
El estudio de factibilidad, del yacimiento, completado en 2020, indica que tiene potencial para producir un promedio anual de aproximadamente 200 mil onzas de oro en sus primeros cinco años de operación.
El presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay, Lauro Sigcha, explicó de comenzar la explotación en Loma Larga se contaminarían las vertientes de los ríos Tarqui y Yanuncay, principales fuentes de agua de los 600 mil habitantes de Cuenca, capital azuaya.
El anuncio de Noboa de no continuar con el proyecto en Quimsacocha, fue recibido con cautela.
Sigcha aseguró que la decisión no exime al Gobierno de sus responsabilidades y convocó a mantener la movilización de la próxima semana.
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