Tres domicilios fueron los objetivos allanados, y en ellos descubrieron 119 turriles (recipientes) con hidrocarburo subvencionado.

El Ministerio Público aseguró que conduce esta pesquisa sobre la base del Artículo 226 Bis del Código Penal, que sanciona la comercialización, transporte y almacenamiento ilegal de combustible.

El director ejecutivo de la ANH, Joel Callau, declaró a la prensa que “estamos con casi 120 turriles que han sido decomisados en tres domicilios (…)”.

Informó que se trata de un clan familiar que se dedicaba a esta actividad ilícita.

De acuerdo con la autoridad, la estructura familiar no solo almacenaba el combustible, sino que había desarrollado una cartera de clientes a quienes revendía el producto.

“Algo curioso que hemos encontrado en este domicilio es que inclusive tenían una cartera de clientes a las cuales realizaban la comercialización del combustible”, describió Callau.

Recordó el director de la ANH que la normativa vigente establece penas de dos a seis años de privación de libertad para quienes incurran en la comercialización ilegal de carburantes sin autorización de la entidad reguladora.

Agregó que la operación fue posible gracias a un sistema de monitoreo digital de cargas repetitivas en estaciones de servicio, y señaló que esta herramienta permite identificar patrones de consumo atípicos y rastrear el destino final del combustible.

“Hemos hecho el seguimiento porque podemos ver qué vehículos están haciendo cargas repetitivas. Con eso hemos podido llegar a estos clanes familiares”, concluyó.

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