Tuvimos problemas en Carchi durante la madrugada y fueron detenidas dos personas que estaban incitando a la paralización, informó el ministro del Interior, John Reimberg, en declaraciones al canal local Teleamazonas, donde subrayó: “No vamos a permitir el cierre de vías. No podemos paralizar el país”.
Si bien el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 solamente reportó desde anoche vías cerradas por protestas en Carchi, en la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país, usuarios señalaron a medios locales que en algunos sectores hay menos autobuses de lo habitual.
En la provincia de Pichincha, a la cual pertenece Quito, el transporte público funciona con normalidad luego de que los trabajadores del sector desistiera de realizar un paro del servicio tras un acuerdo de instalar mesas de diálogo con el Ejecutivo.
El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, aseguró este lunes en entrevista con el canal Ecuavisa que conversó con los representantes del transporte urbano y acordaron que no habría una paralización.
Lo que hicimos es una medida que si no fue perfectamente socializada sí busca que los recursos vayan a quienes más lo necesitan, aseguró Luque.
El funcionario afirmó que ya está habilitado el registro para que los transportistas puedan acceder a una compensación económica y así mitigar el efecto del alza del valor del diésel.
La medida, anunciada el pasado viernes, elevó el precio del galón de ese combustible de 1,80 a 2,80 dólares y desató bloqueos, amenazas de paro y protestas en varias provincias.
En medio de las tensiones, el presidente Daniel Noboa trasladó temporalmente la sede del gobierno a la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.
El Ejecutivo ha defendido la reforma bajo el argumento de que busca combatir el contrabando de combustibles y redirigir recursos hacia programas sociales.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador llamó a la unidad contra lo que considera un ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo que la eliminación del subsidio “lleva al límite la paciencia popular”.
La Unión Nacional de Educadores advirtió que el encarecimiento del diésel se trasladará “de inmediato” a los precios de alimentos y servicios básicos.
En el plano parlamentario, asambleístas de oposición solicitaron que el pleno del Legislativo trate una resolución para exhortar al Ejecutivo a dejar sin efecto los decretos que eliminaron el subsidio y citaron a los ministros responsables para que expliquen los efectos de la medida.
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