El organismo judicial avaló incluir en el cuestionario la iniciativa del mandatario sobre la contratación por horas en el sector del turismo y la de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos que ya se trató en la Asamblea Nacional (Parlamento).

En cuanto a ese último asunto, la entidad dispuso la supresión de aquellos considerandos que contenían valoraciones o afirmaciones ajenas al objeto de la consulta.

Además, la Corte negó al gobernante la posibilidad de incluir entre las interrogantes la relacionada con la reducción del número de legisladores.

Anteriormente, la entidad judicial se había pronunciado de forma favorable a incluir ese tema, pero en un nuevo análisis del contenido resolvió descartarlo, pues el planteamiento omite datos fundamentales, como que la Asamblea pasaría de 151 a aproximadamente 73 integrantes.

Las dos preguntas que este lunes recibieron el visto bueno de los magistrados constitucionales se sumarán a la que busca permitir la instalación de bases militares extranjeras y, hasta ahora, aparecerán en la papeleta.

Aún falta un pronunciamiento sobre otros temas propuestos por Noboa para el proceso consultivo, como el funcionamiento de casinos y juegos de azar en hoteles cinco estrellas y la modificación de las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

A eso se añade un cuestionamiento acerca de una eventual prohibición al uso de nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas sentenciadas por delitos contra la administración pública, como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito.

El gobernante sugirió también crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra menores, con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes.

Igualmente, Noboa propone expedir una nueva ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional.

En relación con el organismo judicial, el presidente plantea que ese tribunal solamente pueda declarar la inconstitucionalidad de iniciativas presidenciales, cuando al menos seis de sus nueve jueces estén de acuerdo.

El órgano de control constitucional ya rechazó la propuesta del gobernante de someter a juicio político a los magistrados de dicha institución.

La semana pasada, durante una marcha realizada en Guayaquil, Noboa defendió la consulta y arremetió contra la Corte.

“Quieren estar del lado de los narcotraficantes, quieren estar del lado de los criminales. Tenemos que levantar nuestra voz y exigir en las urnas cuál es la dirección de este país, sin posturas ni extremismos”, sostuvo.

No obstante, la consulta genera polémica, no sólo por los temas sino también por el gasto que implica de alrededor de 60 millones de dólares.

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