La decisión, calificada por el propio Gobierno como técnica e irreversible, supone que el galón de diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares.

El Ejecutivo sostiene que de esa forma liberará más de mil 100 millones de dólares al año para destinar a otras áreas prioritarias, sin embargo, las medidas de compensación para transportistas suponen un gasto similar, según reconoció la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya.

El rechazo se hizo sentir en las calles con bloqueos viales y anuncios de nuevas movilizaciones.

Organizaciones sociales, sindicatos y partidos de oposición atribuyen la iniciativa al Fondo Monetario Internacional (FMI) y alertan sobre una escalada de precios en la canasta básica.

El asambleísta Héctor Rodríguez, de la Revolución Ciudadana, advirtió que la eliminación del subsidio al diésel “provocará una inflación entre el seis y el 18 por ciento que se reflejará en los precios finales de los productos”.

Su compañera de bancada, Viviana Veloz, calificó la medida como “una decisión equivocada” al haberse tomado “sin un estudio técnico con enfoque integral y sin socialización”.

“Prometieron no eliminar subsidios ni subir impuestos. Hoy, incumplieron”, remarcó Veloz.

En paralelo, los alcaldes de Guayaquil y Quito marcaron distancia frente a la postura del Ejecutivo.

Desde la ciudad costera, Aquiles Alvarez aseguró que allí no habrá incremento del pasaje, mientras que el jefe del municipio capital, Pabel Muñoz, aseveró que “el único responsable de que hoy se hable de posibles incrementos de tarifas en el transporte público es el Gobierno Nacional”.

Según Muñoz, subsidiar el diésel para el transporte de pasajeros y alimentos “debe ser una política nacional” porque los gastos en transporte y alimentación representan hasta el 65 por ciento de las economías familiares.

Ambos alcaldes rechazaron lo dicho por el ministro de Transporte, Roberto Luque, quien sugirió que los municipios tendrían que evaluar una revisión de tarifas luego de que los transportistas reciban compensaciones temporales.

“Los guayaquileños no vamos a pagar por las malas decisiones del Gobierno Central”, insistió Alvarez.

El expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, recordó las movilizaciones de 2019 y 2022 contra medidas similares.

“El Gobierno de Noboa con alevosía ha dicho que no dialogará sobre los subsidios, algo que ya nos dijeron en octubre 2019 con (Lenín) Moreno y junio 2022 con (Guillermo) Lasso, pero el pueblo les enseñó que mientras no salgamos de la pobreza, los subsidios deben seguir ayudando a los más vulnerables”, afirmó.

Iza advirtió que las mesas de diálogo en el pasado “fueron la estrategia del poder de turno para disuadir la lucha”, y planteó que frente al rechazo del Ejecutivo a dialogar debe existir unidad de todos los ecuatorianos “para resistir a la arremetida neoliberal”.

Para el economista Marco Flores, eliminar el subsidio al diésel es una decisión necesaria, pero tomada en el momento incorrecto con deplorables servicios públicos y sobre todo gestionada en forma equivocada al dejar fuera de las compensaciones focalizadas a amplios sectores de la población pobre y de menores ingresos.

Noboa, que en campaña prometió no tocar los subsidios, enfrenta ahora un clima de creciente malestar y acusaciones de incumplir compromisos con la ciudadanía.

En medio del descontento, con bloqueos de carreteras y movilizaciones populares ya programadas para esta semana y la próxima, el mandatario trasladó la sede del Ejecutivo fuera de Quito, a Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi.

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