Según De Moraes, el eventual sobreseimiento solo se analizará una vez que se determine la ejecución penal.
«Considerando que el momento procesal adecuado para analizar las solicitudes presentadas es con el inicio de la ejecución de la sentencia y después de la sentencia definitiva de esta acción penal, deniego la solicitud presentada por el acusado Mauro Cid», declaró.
La sentencia definitiva afloró cuando se agotaron todos los recursos disponibles contra la condena. El equipo de abogados del teniente coronel aún tiene tiempo para presentar recursos de aclaración y otros que violen la decisión de la primera sala del Supremo Tribunal Federal.
Un primer paso para presentar una apelación es que la sentencia ni siquiera se ha publicado.
La defensa de Cid solicitó la anulación del fallo el 12 de septiembre, al día siguiente de la sanción contra el exayudante de órdenes de Bolsonaro.
Según los abogados, «considerando que la condena impuesta fue de dos años y que Cid ha estado en libertad restringida durante más de dos años y cuatro meses, la sentencia ha sido sobreseída sin lugar a dudas».
Preventivamente Cid fue arrestado en mayo de 2023. Seis meses después, De Moraes revocó la detención provisoria e impuso medidas cautelares después que el militar firmara un acuerdo de culpabilidad con la Policía Federal (PF).
Desde entonces, el exasesor tiene monitoreo mediante un brazalete electrónico en el tobillo y permanece confinado por la noche y los fines de semana.
Sin la anulación del veredicto, Cid permanecerá bajo medidas cautelares.
Además de la vigilancia electrónica y el arresto domiciliario, el teniente coronel tiene prohibido el uso de redes sociales y debe permanecer en el Tribunal Distrital de Brasilia y comparecer ante la corte semanalmente los lunes.
Cid fue acusado en el llamado núcleo uno o crucial del intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, denunciado por la Fiscalía General, recibiendo la condena más corta por haber llegado a un acuerdo con la PF.
Solicitó un indulto judicial o una pena inferior a dos años de prisión, como beneficio, y el STF le impuso por unanimidad una pena de prisión cerrada.
ro/ocs
