La declaración emitida por el portavoz Stéphane Dujarric y divulgada aquí, califica la definición de las sanciones por el delito de secuestro contra el último secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), como “un hito histórico en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016”.
Añadió que el secretario toma nota del anuncio del tribunal de que estas sentencias, dirigidas a excomandantes de la desaparecida guerrilla, serán seguidas esta misma semana por las primeras sanciones a exintegrantes de las fuerzas públicas.
“Las primeras sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz representan un paso clave para los mecanismos innovadores de justicia transicional contemplados en el Acuerdo, los cuales buscan promover la verdad, garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, así como brindar reparación a las víctimas”, señaló la comunicación.
Por otra parte, subrayó que las decisiones deben implementarse plenamente y traducirse en acciones de reparación en favor de los perjudicados, en tanto hizo un llamado a todas las personas sancionadas a mantener su compromiso con la paz y honrar sus sentencias.
“Las Naciones Unidas permanecen firmemente comprometidas a apoyar a Colombia en su camino hacia la paz, justicia y reconciliación, incluso a través de la Misión de Verificación de la ONU mandatada para verificar el cumplimiento y la implementación de las sanciones”, concluyó el texto.
Durante la víspera, por los delitos asociados con la privación de personas, la JEP les impuso a siete exlíderes guerrilleros ocho años de sanciones, que cumplirán con proyectos restaurativos, incluidos aquellos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario.
Posteriormente, en un comunicado divulgado en redes sociales, los exlíderes de la desaparecida guerrilla, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton Toncel, Jaime Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda, reconocieron que las sentencias son un mandato de la justicia para la paz y también un compromiso ético y político con las víctimas y el país.
“Asumimos la obligación de cumplirlas de manera efectiva, con acciones restaurativas que aporten a la reconstrucción del tejido social y a la dignidad de quienes sufrieron”, aseveraron los firmantes del documento.
De acuerdo con el órgano de justicia transicional, la política de secuestros de las FARC-EP dejó al menos 21 mil 396 hechos victimizantes en el país entre 1993 y 2016.
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