La protesta tuvo lugar en las afueras de la Gobernación de Cotopaxi, provincia a donde el mandatario trasladó la sede del Ejecutivo tras la decisión de poner fin a la subvención.

Frente a la institución, que se veía totalmente militarizada, los docentes exigieron la salida del mandatario de la provincia y advirtieron que las protestas continuarán mientras esté vigente el Decreto Ejecutivo 126, que elevó el precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

“Esta medida perjudica absolutamente a todo el pueblo ecuatoriano”, señaló uno de los manifestantes, mientras resonaban consignas de “¡Fuera Noboa, fuera!”, según videos compartidos en redes sociales.

La concentración estuvo precedida por una asamblea en la que se pronunciaron a favor de decretar emergencia en salud y educación, rechazar los despidos en el sector público y fortalecer las movilizaciones convocadas para los próximos días.

La UNE anunció que el próximo 23 de septiembre se llevará a cabo una jornada nacional de protesta junto con el movimiento indígena.

Más temprano, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), que apoyó a Noboa en la segunda vuelta electoral, anunció el retiro de su respaldo al jefe del Ejecutivo.

De acuerdo con los dirigentes de esa organización, la decisión responde al incumplimiento de promesas y a la adopción de políticas económicas que afectan de manera directa a los sectores populares e indígenas.

José Esach, presidente de la Confeniae, advirtió que una gran movilización es una posibilidad real, “porque este Gobierno no escucha, no dialoga y está tomando decisiones que empobrecen aún más a los pueblos”.

Un sondeo del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Ciess) mostró que el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel es mayoritario.

Entre el 13 y 14 de septiembre, en Quito y Guayaquil, un 83 por ciento de encuestados dijo sentirse afectado por la medida.

Representantes de organizaciones sociales afirman que el fin del subsidio forma parte de los recortes impulsados por Noboa para reducir el déficit fiscal y cumplir con los objetivos pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien Ecuador mantiene un acuerdo crediticio.

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