Esta medida trascendió horas después de una breve audiencia a la que se negó a asistir Espinoza por considerar que no había garantías de un debido proceso, pues la suspensión había sido decidida previamente con el fin de someter la autonomía del Ministerio Público a la JNJ.
La decisión fue tomada por la junta por faltas graves y muy graves, básicamente porque, meses atrás, Espinoza se resistió a acatar la orden de reponer en el cargo a la destituida ex fiscal de la Nación Patricia Benavides.
La Junta de Fiscales Supremos, que tiene la facultad exclusiva de nombrar a la fiscal de la Nación, repuso a Benavides -destituida por graves cargos- solo como Fiscal Suprema, considerando que la designación del titular de este cargo es atribución de los fiscales supremos.
La suspensión fue aprobada por cinco de los siete integrantes de la JNJ, pues los otros dos, María Cabrera y Francisco Távara, no participaron en la decisión, la primera por haber pedido la sanción y el segundo por haber supuestamente adelantado opinión al abstenerse de participar de la orden de reposición de Benavides.
Previamente, la Presidencia del Consejo de Ministros difundió un comunicado de rechazo a la solicitud de la fiscal de la Nación al Poder Judicial, de ilegalizar al partido neoliberal Fuerza Popular (FP) e impedirle participar en las elecciones generales de abril de 2026 por lo que consideró conductas antidemocráticas.
El pronunciamiento gubernamental sostiene que la Fiscalía pretende determinar, contra la constitución y las leyes, qué partidos pueden competir en los comicios.
La fiscal Espinoza respondió que el comunicado “eso sí se llama politización de la justicia” y argumentó que la ley de organizaciones políticas establece que el Ministerio Público puede pedir la ilegalización de un partido, con las pruebas necesarias.
Invitó a Keiko Fujimori, titular del partido Fuerza Popular, a leer los fundamentos del pedido de ilegalización, contenidos en un expediente de cerca de cuatro mil páginas, presentado ayer.
Contrastó además la anuencia del Gobierno cuando fue ilegalizado el partido del nacionalista radical Antauro Humala, con su reacción a favor de Fuerza Popular, ante lo cual el primer ministro, Eduardo Arana, alegó que no favorece a ninguna organización, sino que defiende el derecho de participación en los comicios del año próximo.
Espinoza ha tenido frecuentes discrepancias con el Gobierno, la más reciente por su oposición, junto a la titular del Poder Judicial, contra una amnistía a exmilitares y expolicías juzgados o acusados por crímenes de Estado cometidos durante el llamado conflicto interno (1980-2000).
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