La cifra del Ministerio del Interior revela que, en promedio, cada hora una persona es asesinada en el país.

El 2023, que fue catalogado como el más violento de la historia reciente con más de cinco mil crímenes, ya fue superado por el periodo actual con alrededor de mil casos adicionales y aún faltan cuatro meses para el cierre del año.

El repunte de la violencia ocurre pese a las medidas implementadas desde 2024, cuando el Gobierno declaró el conflicto armado interno y elevó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 15 por ciento con la promesa de fortalecer la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado.

En 2025, el Ejecutivo impulsó nuevas leyes, como la de Solidaridad e Inteligencia, aprobadas en la Asamblea Nacional, aunque varios de sus artículos fueron suspendidos por la Corte Constitucional tras demandas de inconstitucionalidad.

La estrategia oficial busca complementarse con una polémica reforma a la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, lo que ha abierto un intenso debate político y social sobre soberanía y seguridad.

Pese a los estados de excepción, toques de queda y militarización de cárceles y barrios, la violencia persiste en Ecuador y las bandas del crimen organizado mantienen su capacidad de operar.

En ese contexto, las Fuerzas Armadas, cuya cúpula fue renovada recientemente, anunciaron una “nueva fase de la guerra” contra el crimen organizado en la cual atacarán “con más fuerza, con estrategias renovadas y con una ofensiva militar más agresiva y territorial”.

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