La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) del Blindaje busca establecer que diputados federales, senadores y presidentes de partidos solo puedan ser arrestados o procesados con autorización previa del propio Parlamento, mediante votación secreta.

También la medida se extendería a legisladores estaduales y distritales.

Críticos denuncian que la enmienda consagra la impunidad política, pues dificultaría la rendición de cuentas ante la justicia.

Aunque fue aprobada en dos rondas en la Cámara de Diputados, enfrenta fuerte rechazo social y su relator en el Senado, Alessandro Vieira, ya se pronunció públicamente en contra.

El proyecto de ley de amnistía propone perdonar a los participantes de los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando multitudes intentaron forzar un quiebre institucional en el país.

De aprobarse, miles de investigados y condenados quedarían exentos de responsabilidad penal.

En esta capital, miles de personas se concentraron en torno al Museo de la República y marcharon por la Explanada de los Ministerios hasta el Congreso Nacional.

La Secretaría de Seguridad Pública evitó dar estimaciones, pero la Policía Militar y los bomberos confirmaron que «había miles de manifestantes» a media mañana.

Tales actos fueron convocados por los frentes Povo Sem Medo y Brasil Popular, junto con movimientos como el Sin Tierra y de los Trabajadores Sin Techo, y contaron con el respaldo de partidos de izquierda y artistas de renombre.

En Río de Janeiro, el escenario fue la playa de Copacabana, con actuaciones de los icónicos cantautores Chico Buarque, Caetano Veloso y Gilberto Gil. En Sao Paulo, la cita ocurrió frente al Museo del Arte, en la Avenida Paulista, con la participación de Marina Lima y otros músicos.

Los organizadores adoptaron el lema Congreso Enemigo del Pueblo, en rechazo a lo que consideran un intento de blindar a políticos y beneficiar a responsables de delitos relacionados con el 8 de enero de 2023, cuando bolsonaristas (adeptos del expresidente Jair Bolsonaro) invadieron las sedes de los Tres Poderes en Brasilia.

Movimientos sociales y juristas argumentan que las iniciativas en el Congreso Nacional debilitarían el Estado de Derecho, premiando el autoritarismo y erosionando la memoria democrática.

La resistencia popular se tradujo además en actos en Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife y Manaus, entre otras capitales.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva no participó de las manifestaciones, pero el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, ya expresó su rechazo a ambas propuestas.

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