“En el ejercicio de sus poderes soberanos, todo país tiene el derecho de proteger sus fronteras y tener un marco regulatorio sobre el manejo de la inmigración, pero lo que no es un derecho de ningún país es la elaboración y ejecución de políticas orientadas en la discriminación, de las que se desprenden las redadas indiscriminadas”, expresó la directora de la entidad dominicana, que acoge en Puerto Rico a mujeres migrantes de otras nacionalidades.

Estableció, sin referirse directamente al mandatario estadounidense, que la política de “todo se vale” ha creado un estado de terror, al infligir daños a esas poblaciones, al ejercer las intervenciones de los agentes federales a partir del perfil racial y étnico, así como toda acción que criminalice la pobreza.

“Surge esta oportunidad en una coyuntura en la que los retos y desafíos de las y los inmigrantes se han complicado y agravado de manera exponencial, fruto de políticas marcadamente antiinmigrantes que impactan a nivel catastrófico los derechos de miles de seres humanos que solo buscan una vida mejor”, sostuvo Grullón al intervenir la víspera como oradora en la asamblea bianual de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro).

Consideró que “eso es más bien abuso de poder y es elevar a rango de política pública la criminalización de la pobreza, la degradación moral de la inmigración por necesidad y, de nuevo, la segregación racial”.

“Las mujeres migrantes en Puerto Rico enfrentan vulnerabilidades exacerbadas, tales como la discriminación, la explotación laboral, la invisibilidad, la indiferencia selectiva de las estructuras gubernamentales, el temor generalizado en sus hijos e hijas, así como en toda la estructura familiar”, dijo Grullón.

Apuntó que, de igual forma, las mujeres víctimas de violencia de género tienen temor de asistir a cuarteles de la policía a poner querellas y a los tribunales a hacer pedidos de órdenes de protección bajo el amparo de la Ley 54 de Puerto Rico y la Ley federal VAWA (Violence Againt Women Act), que sigue vigente.

“Es una negativa provocada, inducida por la inseguridad de que, siendo las víctimas, sean ellas las arrestadas o deportadas; no hay garantías para ellas. Hoy día, los alrededores, las afueras de los edificios gubernamentales, y hasta consulares, están “poblados” de agentes al servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Allí están listos y al acecho para la cacería”, acotó.

Al sostener que las desalmadas intervenciones de estos agentes, como está documentado y se ha denunciado, se produce en la forma más humillante y violatoria de la dignidad humana, sin importar el dolor y la vulnerabilidad generalizados que provocan.

“Por eso, necesitamos cada vez más visibilidad a esta situación tan trágica; que sigan abriéndose los espacios de solidaridad, que el diálogo en todos los campos se haga cotidiano, se normalice como recurso permanente de educación sobre este retroceso institucional que nos lastima”, aseguró la directora del Centro de la Mujer Dominicana en Puerto Rico, bajo el dominio colonial de Estados Unidos desde hace 127 años.

A su juicio, ante la crisis que se incrementa, la migración para muchas mujeres ha dejado de ser una opción y se ha convertido en un acto desesperado de supervivencia.

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