Según expuso el funcionario, el arma es un 15 por ciento más liviano y aproximadamente un 25 por ciento más económico que el Galil, de producción israelí, y su uso permitirá mayor autonomía y competitividad, en tanto dotará de una capacidad de respuesta mejor ajustada a los requerimientos del terreno colombiano.

“Una línea que hemos definido con Indumil (la empresa estatal encargada de fabricar y comercializar armamento, municiones, explosivos y sus accesorios) que es dotar con nuestro propio fusil a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, pero también exportarlo a otros países como ya estamos haciendo con pistolas”, señaló el ministro.

Añadió que la garantía fundamental acerca de la herramienta bélica es que ya fue probado en un ambiente de guerra real.

La noticia se difunde pocos días después de que el presidente del país, Gustavo Petro, afirmara que Colombia debe abandonar la dependencia del armamento estadounidense.

Por otra parte, hace aproximadamente 18 meses, el mandatario también aseguró que suspendería las importaciones de material bélico procedente de Israel, después de un ataque contra Gaza en el que murieron un centenar de personas mientras buscaban comida.

Adicionalmente, el Ministerio de Comercio anunció hoy la emisión de un decreto mediante el cual se modifican los requerimientos de las inversiones en defensa con el fin de impulsar el sector industrial colombiano.

Según esa cartera, cuando se realicen compras estratégicas en defensa, las empresas extranjeras compensarán al país invirtiendo al menos un 10 por ciento del valor de esos contratos en la industria nacional o en el sistema de ciencia, tecnología e innovación.

La ministra, Diana Morales, acotó que la norma busca a atacar las condiciones estructurales que dieron origen y alimentaron el conflicto interno, al transformar el gasto militar “en una palanca de desarrollo productivo, fortalecimiento de la Economía Popular y construcción de una economía para la vida y la paz”.

La disposición aplicará durante los primeros tres años de vigencia del decreto, tras lo cual el Gobierno evaluará los resultados de la implementación, así como sus impactos en la industria nacional, y podrá recomendar se modificación, de conformidad con los objetivos de la Política de Reindustrialización.

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