De esa forma, los ecuatorianos acudirán a las urnas a responder un total de tres interrogantes: una sobre la presencia de bases militares extranjeras, otra acerca de la eliminación del financiamiento estatal a las organizaciones políticas y, finalmente, la eventual instalación de una Constituyente.

La redacción de una nueva Carta Magna fue una de las promesas de campaña de Noboa, sin embargo, la había dejado a un lado al ver que, tras los comicios de abril pasado, logró el control del Legislativo, pero retomó el asunto en medio de una pugna abierta con la Corte Constitucional.

De hecho, el mandatario intentó incluir en el referendo la pregunta con la convocatoria a la Constituyente sin pasar por el filtro de la Corte, lo cual generó una ola de cuestionamientos.

El CNE, en ese momento, decidió esperar un pronunciamiento definitivo del máximo tribunal, que ya dio luz verde.

Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la narrativa del Gobierno de una Constituyente es un distractor frente al golpe económico tras la eliminación del subsidio al diésel para cumplir con las metas de ajuste fiscal marcadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La oposición, encabezada por la Revolución Ciudadana (RC), también tildó la propuesta como un distractor en medio de la situación actual del país, con un paro nacional en curso.

Además, la asambleísta de la RC Ana Yela aseguró que el verdadero motivo del Gobierno es dar marcha atrás a todos los derechos que están vigentes en Ecuador y garantizados en la actual Constitución, aprobada en 2008, durante el mandato de Rafael Correa.

“Le mienten al país todos los días: van a retroceder todo lo ganado en derechos, ese es el objetivo. Quieren bajarse todos los pesos y contrapesos del Estado”, dijo Yela ante el Legislativo que consiguió, con su mayoría oficialista, respaldar la iniciativa del gobernante.

El proceso electoral está fijado para el 16 de noviembre y tendrá un costo de 59,7 millones de dólares, según lo resuelto por el CNE.

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