La organización informó que varios de sus líderes fueron citados a audiencia el próximo 3 de octubre, acusados de “tentativa de paralización de un servicio público”.

El FUT advirtió que este proceso constituye un atentado contra las libertades democráticas y recordó que el artículo 98 de la Constitución reconoce el derecho del pueblo a la resistencia frente a medidas que atenten contra sus derechos, como la eliminación del subsidio al diésel.

El pronunciamiento ocurre en medio de las protestas que desde el lunes se desarrollan en varias provincias del país, como Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Zamora Chinchipe, en el contexto del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Los dirigentes notificados son Edwin Bedoya, presidente del FUT; Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE); Nery Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE); y Wilfrido Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Indígenas, Campesinos y Negros (Fenocin).

En un comunicado, los implicados aseguraron que la notificación es “un claro intento de intimidar y frenar la organización social que se levanta frente al paquetazo de Daniel Noboa impuesto con autoritarismo y mentiras”.

La criminalización no es más que una estrategia desesperada del Gobierno para sostener medidas antipopulares, represivas que han incrementado el sufrimiento de millones de ecuatorianos, añadieron en el texto.

Los mencionados dirigentes han encabezado recientes movilizaciones, incluida una marcha el pasado martes en esta capital que terminó con represión policial.

Ecuador vive hoy el cuarto día consecutivo de un paro nacional caracterizado por protestas en diversas provincias en rechazo a la decisión del presidente, Daniel Noboa, de eliminar el subsidio al diésel, cuyo precio pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

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