En declaraciones al diario Al-Quds Al-Arabi, el portavoz de la comisión, Yasser Al-Farhan, explicó que 298 sospechosos acusados de agredir a civiles y otros 265 imputados por ataques contra personal de seguridad pública serán procesados ante la justicia.

Confirmó que los expedientes completos de los implicados ya fueron enviados al Ministerio de Justicia, que ha iniciado los procedimientos legales correspondientes, incluidas órdenes de arresto e investigaciones preliminares.

Al-Farhan detalló que los nombres de los sospechosos no han sido revelados públicamente como medida para proteger sus derechos legales, asegurar su comparecencia ante los tribunales y evitar represalias que puedan generar tensiones sociales en regiones vecinas o comunidades afectadas.

Los incidentes ocurrieron a mediados de marzo de este año, cuando grupos armados lanzaron ataques coordinados contra las fuerzas de seguridad en la zona costera del país. La respuesta del gobierno incluyó una operación militar de gran escala, con la participación de facciones armadas para recuperar el control de la región.

Aunque la operación logró sus objetivos militares, estuvo acompañada de violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo saqueos, incendios de propiedades y asesinatos extrajudiciales, según denunciaron organizaciones internacionales.

La violencia se prolongó durante varios días. Las facciones armadas, calificadas de indisciplinadas, cometieron numerosas violaciones, dejando un saldo de unos dos mil muertos, de acuerdo con informes de organizaciones de derechos humanos.

Un informe conjunto publicado el 23 de septiembre por Human Rights Watch, Sirios por la Verdad y la Justicia y el Archivo Sirio criticó la falta de transparencia del trabajo de la comisión investigadora, alegando que las indagaciones se centraron únicamente en los autores materiales, sin abordar la responsabilidad institucional o de liderazgo.

En respuesta, Al-Farhan calificó estas críticas de “legalmente inapropiadas” y afirmó que dirigir acusaciones contra altos mandos sin pruebas documentadas compromete la legitimidad del proceso y podría entorpecer los esfuerzos nacionales de justicia.

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