La movilización, convocada por grupos feministas en el Día de Acción Global por al Aborto, recorrió varias calles de Quito con otras reivindicaciones, entre ellas, el respaldo a las protestas, la libertad de los manifestantes detenidos, y justicia por la muerte de Fueres.

Los asistentes exigieron que se detengan los excesos del uso de la fuerza por parte de militares en la provincia de Imbabura, en la sierra norte del país, convertida en epicentro de las protestas desde hace siete días.

La marcha, que comenzó en el parque El Arbolito terminó en las afueras de la Fiscalía General del Estado, donde con banderas, tambores y música, los participantes criticaron las políticas del Gobierno de Noboa.

El presidente del Consejo de Gobierno del pueblo indígena Kitu Kara, Darío Iza, cuestionó que a pesar del gasto público en materia de seguridad, persisten los robos, sicariatos, masacres carcelarias, y la droga viaja de Ecuador a Europa en cajas de banano.

“¿Quién controla los puertos?, Noboa, y a nosotros nos tildan de terroristas”, comentó el dirigente en rechazo a las acusaciones del mandatario, quien vinculó a los manifestantes con el crimen organizado.

El presidente Noboa ha reiterado que mantendrá la eliminación del subsidio al diésel, detonante de la actual ola de movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

En una entrevista con el canal Ecuavisa, el mandatario señaló que la Policía y el Ejército se encargarán de retomar el orden y mencionó que hay informes de inteligencia sobre personas que participan en el bloqueo de vías que reciben dinero de grupos delincuenciales.

“Ahora vemos que muchos están conectados a la minería ilegal, con el crimen organizado. Hemos visto a miembros del Tren de Aragua, narcoterroristas que lanzan piedras a los policías”, dijo el presidente, para quien de esa manera “la protesta deja de ser social y pacífica, y se vuelve violenta”.

La Conaie y los manifestantes rechazaron ese tipo de declaraciones del gobernante que, según consideran, busca criminalizarlos.

“El gobierno de Noboa ha desatado una cacería sangrienta contra el pueblo. Militares y policías disparan balas reales, dinamita y armamento letal contra comunidades indígenas. Esto es una masacre planificada, un crimen de Estado que ya deja un hermano asesinado, decenas de detenidos y heridos de gravedad”, denunció la organización.

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