En un comunicado, la Comisión recordó que la Constitución reconoce los derechos a la libertad de expresión, la protesta pacífica, la libre asociación y la resistencia frente a acciones del poder público que vulneren derechos fundamentales.

El órgano legislativo alertó sobre el “uso excesivo de la fuerza, la criminalización de líderes sociales e indígenas y la restricción de libertades bajo el estado de excepción”, lo que –según señaló– reproduce patrones de regímenes autoritarios en nombre del “progreso” y la “modernización”.

La Comisión, que tenía una sesión prevista este lunes y que finalmente se eliminó de la agenda parlamentaria, exigió investigar de manera exhaustiva el asesinato del comunero kichwa Efraín Fueres, muerto durante una protesta en la provincia de Imbabura.

También llamó a garantizar el ejercicio pleno de la protesta pacífica, respetar el debido proceso de los detenidos, proteger los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas y sancionar a los responsables de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

“El uso de la fuerza debe ser excepcional, proporcional y sujeto a control judicial”, recalcó la Comisión, que además se comprometió a vigilar el cumplimiento de las garantías constitucionales y a promover espacios de diálogo que permitan superar la crisis.

El paro nacional promovido por el movimiento indígena cumple este lunes su octavo día con bloqueos de carreteras y movilizaciones en varias provincias en rechazo al fin de la subvención al diésel y otras medidas del Ejecutivo.

La mesa legislativa consideró que la población siente afectada su economía por la eliminación de este subsidio, el cual el presidente Daniel Noboa prometió en campaña que no lo iba a eliminar.

Dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), rechazaron hoy las acusaciones del Gobierno de estar vinculados con el crimen o ser terroristas y llamaron a Noboa a frenar la represión.

“Si hay caos en Ecuador el único responsable será usted (Noboa). No queremos que se repita lo de 2019 y 2022. Estamos en capacidad de luchar”, dijo Vargas que demandó del Gobierno un “alto al fuego” para poner fin a la “masacre”, en alusión a la actuación militar contra población civil.

Las protestas han dejado hasta el momento un muerto, más de 100 detenidos y al menos 20 heridos entre manifestantes y agentes de la fuerza pública.

El Gobierno de Ecuador defendió la actuación de las Fuerzas Armadas ante las manifestaciones, a pesar de las denuncias de violaciones de derechos humanos, y la portavoz gubernamental reiteró que “no vamos a negociar y no vamos a retroceder”.

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