En conferencia de prensa, el abogado Jorge Guzmán, a nombre de ese colectivo, mostró los resultados de una investigación que desmonta los argumentos justificativos del Ejecutivo sobre los atropellos cometidos en acciones represivas contra los manifestantes, sobre todo en comunidades indígenas y afrodescendientes.

Guzmán precisó que durante la llamada Operación Omega de la Policía Nacional (PN), amparada en el decreto gubernamental sobre el estado de urgencia, que suspendieron garantías constitucionales, se vulneraron derechos elementales, incluso se confirmaron dos muertes.

El origen de las protestas fue el rechazo a las reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), que afectan pensiones y jubilaciones de trabajadores y modificaba las condiciones del sector bananero, señala el documento.

Una huelga decretada el pasado 23 de abril, recuerda, también rechazaba el memorando suscrito entre el Estado y Washington, lesivo a la soberanía pues permitía el establecimiento de bases militares y la creciente presencia en el país de cientos de uniformados y equipamiento de guerra del Comando Sur.

Según explico Guzmán, se registraron más de 318 detenciones ilegales, muchas sin orden judicial ni comunicación a familiares, en los domicilios muchas de ellas de manera violenta y en presencia de menores de edad.

El Ministerio de Seguridad reconoció dos asesinatos durante las protestas, la de Michelle Becker, de un año y ocho meses fallecida a causa de la gran cantidad de gases lacrimógenos; y Roger Montezuma, de 25 años, padre de familia baleado en una de las acciones.

Sin embargo, hay versiones en las comunidades locales de más de 25 cadáveres no reconocidos oficialmente, presuntamente víctimas de la represión policial, agrega la pesquisa.

Además, denunciaron que más de cinco mil trabajadores bananeros fueron despedidos por la trasnacional Chiquita Brands con autorización del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, pero sin reconocimiento de prestaciones ni compensación.

El vocero de la agrupación de derechos humanos precisó que estos y otros elementos reflejados en el informe de Copodehupa serán entregados al Ministerio Público para su debida investigación y sanción a los represores.

Guzmán citó entre los primeros responsables al presidente de la República, José Raúl Mulino; al ministro de Seguridad, Frank Ábrego; all director de la PN, Jaime Fernández; y al titular del Servicio Nacional de Fronteras, Larry Solís , entre otras autoridades.

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