El parlamentario fue informado en un aviso publicado en el Diario Oficial Electrónico.
La notificación por oficio es un instrumento previsto «si se desconoce el paradero del acusado» o «si el acusado dificulta al funcionario la realización de la investigación».
Corresponde entonces al Supremo Tribunal Federal notificarlo por oficio, con un resumen de la acusación y en un plazo de 15 jornadas para responder a la denuncia.
Al ordenar el edicto, el juez Alexandre de Moraes señaló que el congresista, a pesar de mantener su domicilio en Brasil, «está dificultando la notificación».
Precisó que «el acusado se encuentra temporalmente fuera del país, tal como consta en la acusación, para reiterar el acto delictivo y evadir una posible responsabilidad judicial».
Argumentó además que el legislador conoce la acusación de la Fiscalía General, pues la comentó oficialmente el día 22.
«El conocimiento del acusado sobre la conducta que se le imputa en la acusación presentada en este proceso es inequívoco, y también la comentó», refirió.
Respecto al otro acusado en esa causa, el bloguero Paulo Figueiredo, la notificación se realizará mediante una comisión rogatoria, a través de la cooperación internacional.
Junto con Figueiredo, el hijo de Bolsonaro fue imputado el 22 de septiembre por la Fiscalía General de presunta obstrucción a la justicia durante el juicio contra su padre por intento de golpe de Estado tras las elecciones generales de 2022.
Ambos inculpados se han reunido con miembros del Gobierno del presidente Donald Trump para solicitar sanciones contra ciudadanos brasileños.
También los dos han publicado videos y publicaciones en redes sociales anunciando sus maniobras y amenazando a las autoridades nacionales.
En sus declaraciones, afirman buscar la amnistía para los condenados por los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023, lo que beneficiaría a Bolsonaro padre.
Desde que comenzaron a cabildear en Estados Unidos, además de imponer aranceles adicionales a los productos brasileños, la administración de Trump revocó visas a funcionarios brasileños y aplicó la Ley Magnitsky contra De Moraes.
Recientemente, la esposa del juez se convirtió en blanco de Magnitsky que sanciona a funcionarios extranjeros en todo el mundo por supuestas violaciones de derechos humanos o corrupción, autorizando congelamientos de activos y prohibiciones de ingreso a Estados Unidos.
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